La Conferencia de Alcaldes de EEUU aprobó hoy a viva voz sendas resoluciones que condenan la ley SB1070 que criminaliza a los indocumentados en Arizona y piden que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral.
Las resoluciones no vinculantes fueron aprobadas durante la reunión anual de los alcaldes estadounidenses en la ciudad de Oklahoma City (Oklahoma), y figuraron entre decenas de medidas sometidas a votación durante el encuentro.
"Con esto queda marcada la posición de los alcaldes sobre el tema de inmigración. El siguiente paso será enviar estas resoluciones y documentos aprobados por la Conferencia de Alcaldes al Congreso y la Administración Obama, para que sirvan como recomendaciones para los responsables de políticas", dijo a Efe una fuente de la Conferencia que pidió el anonimato.
Las resoluciones 41 y 42, presentadas por los alcaldes de Phoenix (Arizona), Phil Gordon, y de Los Angeles (California), Antonio Villaraigosa, respectivamente, constituyen una de las condenas más enérgicas en contra de la ley SB1070 en Arizona.
La ley en cuestión, que entrará en vigor el próximo 29 de julio a menos que lo impida un tribunal federal, criminaliza la presencia ilegal en Arizona y permite que la policía, al hacer una detención, pregunte sobre el estatus migratorio de quienes sospeche que son indocumentados.
La resolución 41 de Gordon rechaza la SB1070, respalda las demandas presentadas en contra de la ley, y pide que la Conferencia presione al Congreso para que ponga en marcha, con apoyo bipartidista, una reforma migratoria integral.
En declaraciones a la cadena televisiva Fox, Gordon dijo que con este voto, la Conferencia ha enviado una clara señal de condena de la SB1070 y de cualquier esfuerzo por inspirar medidas similares en otros estados.
"No sólo es un mensaje poderoso sino que ahora (la Conferencia) se ha convertido en un poderoso grupo de presión", dijo Gordon, al señalar que los alcaldes de Nueva York, Mike Bloomberg, y de Chicago (Illinois), Richard Daley, apoyaron su resolución.
La resolución 42 de Villaraigosa, por su parte, también pide aumentar las presiones políticas para reforma migratoria que incremente la seguridad fronteriza e incluya una "tolerancia cero" contra los pandilleros, contrabandistas e indocumentados que cometan crímenes en suelo estadounidense.
También solicita que esa reforma promueva la reunificación familiar, incremente las sanciones a empresas que contraten a indocumentados, y crea un programa de trabajadores huéspedes en base a las demandas del mercado laboral en EEUU.
Además, apoya una vía para la legalización de los alrededor de doce millones de inmigrantes indocumentados en el país, siempre y cuando éstos aprendan inglés, no tengan antecedentes penales, paguen multas, estén al día con sus impuestos, y se pongan "al final de la cola" para obtener su residencia permanente.
Varios de estos puntos forman parte de una propuesta marco presentada en el Senado pero que aún no figura en el calendario legislativo.
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