4/01/2013

Semillas mexicanas, el nuevo botín de las transnacionales



Por Emilio Godoy

periodismohumano

La biodiversidad y la pequeña y mediana agricultura están amenazadas en México por la cercana aprobación de una norma de variedades vegetales que extenderá los derechos de patente sobre las semillas, alertan activistas y expertos.


La Cámara de Diputados tiene ya en sus manos la reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales, vigente desde 1996, que ya aprobó el Senado en noviembre.
“Están tratando de privatizar más este sector tan importante, parte de una embestida promovida por las transnacionales, dándole más derechos a los obtentores (de la variedad), que en su mayor parte son estas grandes empresas”, dijo a IPS la directora general de la no gubernamental Semillas de Vida, Adela San Vicente.
Los cambios legales, defendidos por el gobierno, plantean abarcar todo el material vegetal, incluido el derivado de la cosecha, e introducen la figura de la “variedad esencialmente derivada”, rótulo protector de los organismos genéticamente modificados (OGM). Además, se aumenta el plazo de protección al obtentor de una variedad de 15 a 25 años.
La reforma entraña el riesgo, entre otros, de que los campesinos que reciben semillas híbridas y las vuelven a cruzar en los sembradíos puedan ser perseguidos legalmente, pues carecerían de autorización para usar esos insumos.
“Están preparando el camino para que, si los maíces nativos se contaminan con cultivos transgénicos, por ejemplo, la industria podría cobrar derechos, porque los granos criollos contienen sus genes”, denunció a IPS el investigador Alejandro Espinosa, del Programa de Maíz del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap). ”Sería el último clavo del ataúd del campo mexicano”, lamentó el científico, que ha desarrollado más de 30 especies híbridas en el Inifap y más de 12 en la pública Universidad Nacional Autónoma de México, utilizadas por pequeñas empresas y que se distribuyen a nivel local.
Con la proyectada reforma legal, México no necesitaría adherirse a la revisión de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, creado en 1961 y cuyo órgano ejecutor es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). México se integró en 1978 a la UPOV, que según sus estatutos busca proteger los derechos del obtentor de cada nueva variedad vegetal que satisfaga los criterios de estabilidad y homogeneidad pautados en el acuerdo intergubernamental. También estipula una doble protección para el obtentor de la variedad y el propietario de la patente vegetal original.
La UPOV, con sede en Ginebra, tiene como misión “proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales con miras al desarrollo de obtenciones vegetales en beneficio de la sociedad”, según su sitio digital.
La última revisión del Convenio, que se efectuó en 1991 y entró en vigor en 1998, ampara los derechos de propiedad de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea y establece la novedad fundamental de permitir la consideración de los derechos de nuevos caracteres genéticos, en abierta concesión a los OGM.
En México se generan más de 250.000 toneladas de simientes, según el gubernamental Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), el organismo supervisor de unas 55.000 hectáreas para producción de simientes de una veintena de cultivos.
Un colectivo de investigadores y organizaciones no gubernamentales ya pidieron a los legisladores que detengan la reforma y que la sometan a un debate abierto con todos los sectores involucrados, incluidos los pequeños y medianos productores agrícolas, los principales afectados.
“La semilla criolla (nativa) es el único insumo que usan los campesinos, a quienes se les deja sin ningún derecho. Y con los problemas del cambio climático, la pierden o la reutilizan. La semilla ha sido un bien común de la humanidad. Incluso, si investigadores usan esas semillas también pueden actuar contra ellos”, subrayó San Vicente. En México, la segunda economía latinoamericana y con 112 millones de habitantes, hay aproximadamente cinco millones de familias que se desempeñan en la actividad campesina, según datos oficiales.
Con la proyectada reforma, El SNICS tendría la potestad de imponer multas e incluso impedir el uso de las tierras por infracciones a los derechos de patente y obtención de variedades.
El organismo ya ha registrado a más de 150 obtentores de una veintena de países sobre más de 100 especies. De ese total, 43 por ciento es de índole agrícola, 26 por ciento ornamental y el resto se reparte entre frutales, hortalizas y forestales. Los países latinoamericanos han registrado ante la UPOV menos de 1.000 solicitudes de derechos de obtención.
Mientras, la coalición no gubernamental No a las Patentes sobre Semillas (No Patents on Seeds) aprecia que desde 1996 han disminuido “las semillas informales”, las obtenidas por métodos convencionales de siembra y recolección, y han crecido las comercializadas, conseguidas industrialmente.
“Las variedades mejoradas y nativas necesitan que haya cientos y cientos de variedades para asegurar la sustentabilidad. Los avances en su rendimiento son amigables con el ambiente, porque son genes de la misma especie”, explicó el investigador Espinosa. ”El mejoramiento se hace con las mejores plantas de acuerdo al ambiente. Es lo que los productores han hecho durante décadas”, abundó.
Pero México está cada vez más inerme en proteger este sistema. La Productora Estatal de Semillas está en proceso de liquidación desde comienzos de la década pasada y ello ha dejado al sector en manos de empresas privadas mexicanas y extranjeras.
Además, las leyes de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de 2005, y de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, de 2007, le han dado cada vez más espacio de acción a la industria.
En el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, actualizado por el SNICS en diciembre, aparecen 1.827 especies, de las cuales la mayoría son de maíz, frijol, sorgo, trigo y papa. Institutos de investigación públicos y grandes conglomerados alimentarios transnacionales, como las estadounidenses Monsanto y Pioneer inscribieron sus variedades en ese catálogo. El registro en este listado es el primer requisito para la inscripción en un programa de producción de semillas.
En el país hay al menos 180 ejemplares de uso común, como el nopal (opuntia), el güisquil (chayote o chayota), el aguacate y el tomate.
El SNICS defiende el mercado de los genes con el argumento de que se protege el patrimonio genético, se facilita el acceso al material, condicionado a una distribución justa de beneficios económicos; se cumplen regímenes especiales para especies endémicas, se previene el saqueo de los recursos y la biopiratería y se fortalece la capacidad institucional.

Monex, la ruta de estiercol del dinero....y mucho mas !!


Por: Humberto Padgett
sinembargo.mx

Además de la Operación Tacos, Monex –empresa ligada al manejo de recursos del PRI durante la campaña 2012– ha sido investigada por las autoridades antilavado por los casos Wachovia, en Estados Unidos; Yarrington, en Tamaulipas, y del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, bajo proceso de extradición de México a Estados Unidos por su supuesta actividad como importador de precursores para la elaboración de metanfetaminas. Un complejo fraude bancario lavado por funcionarios de Scotian Bank tuvo el mismo tránsito: Monex, la empresa en que todos quieren lavar. 

PRIMERA PARTE 
Ciudad de México, 5 de feb (SinEmbargo).– Existe una cifra que, tras leerla, parece un error. Pero no lo es. Una cifra que, tras entenderla, se convierte en adjetivo para comprender la capacidad de lavado de dinero del narcotráfico en sociedad con las casas de cambio –esos cuartos oscuros de paredes mal pintadas y un hombre aburrido detrás del vidrio antibalas–: 373 mil 630 millones 892 mil 102 dólares, más del doble de las reservas internacionales del Banco de México, ahorro presumido por el gobierno mexicano como la fortaleza ante el vendaval que azota las finanzas internacionales. Otra forma de decirlo. ¿Recuerda usted la pila de billetes asegurados a Zhenli Ye Gon y luego exhibida por los funcionarios de Felipe Calderón como la confiscación más grande hecha en la historia del crimen organizado? Pues con los 373 mil millones de dólares se podría hacer una torre de la misma superficie, pero de 186 pisos. Todo se lavó en el mismo lugar, en Wachovia Bank, un caso al que se le prestó poca atención en México. Y Monex tiene que ver con ambos casos: con el empresario chino como con el banco mexicano. El de 2004 fue, como los anteriores y posteriores –y, por lo visto, los venideros– un buen año para Monex. Sus ingresos totales ascendieron a 1 mil 217 millones de pesos, 16.7% más que en 2003. Fitch Ratings le otorgó la calificación “A(mex)” al riesgo contraparte de largo plazo, lo cual implica una alta calidad crediticia. Y, también, según la carta con que inicia el reporte anual de aquel año, firmada por su presidente y director general, Héctor Lagos Dondé, “actualizamos los valores de nuestra filosofía y redefinimos nuestro código de ética”.

Líneas abajo se lee: “Monex tiene un manual maestro de prevención de lavado de dinero del grupo financiero, así como un manual de políticas y procedimientos para la contratación de nuestros clientes inversionistas. Monex cuenta con oficial de cumplimiento (sic), miembro activo y certificado de ACAMS (organismo autorizado en EE.UU. para certificar Oficiales de cumplimiento como especialistas en prevención de lavado de dinero). “En Monex sesiona el comité de comunicación y control conformado por ejecutivos de alto nivel, incluyendo a las áreas de negocios y con facultades de toma de decisiones. Anualmente Monex recibe a supervisores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes revisan exclusivamente en esta materia. Adicionalmente, durante los últimos cuatro años, Monex ha contratado a auditores independientes de despachos de reconocido prestigio para que revisen las acciones en materia de prevención, detección y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita”
Algo más se enlista en ese reporte: las instituciones con que Monex mantiene cuentas, entre estas HSBC, recién multada por sus relaciones de lavado con casas de bolsa mexicanas y, por supuesto, también con Wachovia.

En 2005, Jorge Corrales, Enrique Rumbos o Juan Pérez o el nombre que usted quiera tomó el teléfono. Marcó el 01 222 248 0199, el número de la Casa de Cambio Puebla. Le respondieron en la matriz del centro cambiario, en la capital poblana. El hombre ordenó la transferencia electrónica de 100 mil dólares, distribuidos en cuatro emisiones, a la oficina de negocios en Miami del Banco Wachovia, entonces cuarto en tamaño en Estados Unidos. El destinatario final fue un fideicomiso abierto en ese mismo país, Powell Aircraft Title. La  intención era comprar un avión. Otro. No importa qué nombres sean, porque son falsos. Los nombres que importan son los que están detrás­. Casa de Cambio Puebla fue la pista de despegue de 13 aviones comprados por Joaquín El Chapo Guzmán, capo del Cártel de Sinaloa, y uno de sus socios colombianos, Francisco Cifuentes Villa Don Pancho. Las aeronaves se convirtieron en verdaderas fortalezas de cocaína.

En junio de 2005, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la DEA y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos comenzaron a investigar transferencias electrónicas enviadas a Estados Unidos desde México para comprar los narcoaviones. 
Desde mediados de esta década, el Banco Wachovia desarrolló una intensa relación de negocios con 22 de casas de cambio en México, entre estas Casa de Cambio Puebla, con  la que Monex mantenía especial contacto, según los resultados de la Operación Tacos, el embrollo de euros y cocaína llevados y traídos por mexicanos en España. 
Esto a pesar que en 2005, México fue designado como una fuente de alto riesgo de actividad de lavado de dinero, particularmente, las actividades financieras hechas a través de las casas de cambio. Lo anterior se desprende de los documentos judiciales de la Corte del Sur de Florida, responsable del caso número 10-20165-CR-LENARD, de los cuales SinEmbargo tiene copia, al igual que de todos los documentos referidos. 

Pero esto no importó a los ejecutivos de Wachovia, quienes diseñaron productos financieros para su clientela mexicana sin importar el extraño olor de millones de dólares que inundaban sus cuentas y paraban en los bolsillos del fideicomiso aeronáutico. ¿Cuál era la cartera de productos financieros?

Wachovia ofreció a las casas de cambio por lo menos tres servicios. 
Primero. Les permitió el envío de transferencias electrónicas a través suyo, que fueron enviadas por Casa de Cambio Puebla a nombre de clientes terceros con residencia en México a depósitos de todo el mundo. 
Segundo. Otorgó un servicio de grandes cantidades de efectivo. Las casas de cambio acumularon grandes cantidades de dólares en México, que después fueron transportadas físicamente a Estados Unidos a través de vehículos blindados. Una vez en Estados Unidos, el dinero era depositado en la Reserva Federal. A través de este método, las casas de cambio reingresaron dólares al mercado estadounidense. 
Tercero. Aceptó depósitos en bolsas con miles de cheques y cheques de viajero. En mayo de 2005, Wachovia introdujo un nuevo método de entrega para depósitos internacionales de cheques llamado “captura remota de depósito”, lo que permitió a las casas de cambio escanear los documentos y, con el simple archivo electrónico, obtener crédito. 
El dinero fue procesado entre el primero de mayo de 2004 y el 31 de mayo de 2007 mediante transferencias electrónicas a nombre de las casas de cambio, incluida la de Puebla. Al menos también 4 mil 700 millones de dólares en grandes cantidades de efectivo para las casas de cambio. 
En el mismo lapso, Wachovia procesó 47 mil millones de dólares en capturas remotas de depósito. El año de 2004: año del primer reporte financiero de 2004 de Monex, el año del crecimiento del 16 por ciento. Palabras más, palabras menos, los reportes de 2005 eran festivales de optimismo y compromisos antilavado. Los estados de 2005 y 2006 mantuvieron la expresión de la relación con Wachovia Bank. 
En 2007, el fuego ya estaba demasiado cerca.