La Resaca de Arizona

Son las 8:30h y Felipa hace lo único que puede para ganarse la vida en este momento tan complicado. Al alba, pasea por las calles de Phoenix recogiendo en bolsas botellas de plástico y latas de Coca Cola para luego separarlas en casa en diferentes contenedores que venderá a un intermediario que las llevará a una fábrica de reciclaje. Con la paranoia anti inmigrante en alza en Arizona, cuatro hijos que mantener y un esposo deportado a México hace tres semanas, Felipa dice que sólo le queda rezar para que suceda un milagro. O para que los anglos, “que tienen corazón y sentimientos, se den la oportunidad de conocer a un latino”.

Desde que la gobernadora del Estado de Arizona, Jan Brewer, firmó el 23 de abril la ley SB1070, la más dura en materia de inmigración en la historia de Estados Unidos, no sólo han llovido aquí miedo y recelo y se ha polarizado hasta la opinión más sobria. El detonante de Arizona ha desencadenado un tira y afloja a nivel nacional que tiene al país convulsionando. La pesadilla de unos es la esperanza de otros: una hasta ahora huraña y problemática reforma migratoria.

Efectos a nivel nacional

Katherine Vargas, del Foro Nacional de Inmigración, afirma que actualmente en el país hay 22 Estados intentando aprobar legislaciones migratorias conservadoras como la de Arizona. Algunas iniciativas locales están difundiendo terror en la comunidad inmigrante y sentando precedente para otras municipalidades en las que se están viendo reacciones extremistas. Dos ejemplos son Fremont (Nebraska), donde se aprobó en junio una prohibición de vender o alquilar inmuebles a indocumentados; y Salt Lake City (Utah), donde recientemente circuló una lista de 1.300 “inmigrantes ilegales” con fechas de nacimiento, teléfonos y direcciones.

El Departamento de Justicia estadounidense ha presentado una denuncia contra Arizona para invalidar la ley estatal, declarándola inconstitucional y una intromisión en competencias federales. Con la denuncia se está también pidiendo que la ley no entre en vigor el 29 de julio, como está previsto, sino que se posponga hasta que el caso tenga veredicto. La iniciativa vino después de que más de 30 jurisdicciones a nivel nacional pasaran resoluciones para condenar la SB1070, se unieran a un boicot económico al Estado liderado por la ciudad de Los Ángeles o instituyeran prohibiciones de viaje a su territorio.

Los alcaldes del país (entre ellos Bloomberg, de Nueva York, y Villaraigosa, de Los Ángeles) se opusieron fervientemente a la legislación en una reciente conferencia anual. Tampoco parece que el torneo de béisbol All-Star Game, que en 2011 debía jugarse en Arizona, vaya a poder realizarse en el Estado. “Todos estos pedacitos están manteniendo vivo el debate migratorio”, afirma Vargas, del Foro de Inmigración.

Obama ha criticado la polémica ley públicamente y, en el discurso sobre inmigración que dio el 1 de julio, afirmó que “el sistema [de inmigración] está roto y todo el mundo lo sabe”. Muchos le piden acción en vez de palabras. Pero desgastado por una difícil reforma sanitaria y constreñido por el ciclo electoral (las legislativas son en noviembre), todos los pronósticos apuntan a que el presidente no podrá meterle mano a la reforma migratoria hasta 2011.

Efectos a nivel estatal

Aunque no hay datos oficiales, hay pruebas de que desde que se anunció la ley de Arizona bastantes familias inmigrantes se han marchado a otros Estados o de vuelta a sus países. Petra Falcón, directora ejecutiva de Promise Arizona (PAZ), dice que ella ha visto a un número considerable de familias de su comunidad partir, y que se tendrá un mejor conocimiento de la magnitud del éxodo en agosto, cuando el curso escolar comience y se vea cuántos niños no regresaron de ‘las vacaciones’.

PAZ comenzó su labor hace pocos meses, antes de que se conociera la ley, con intención de sensibilizar a los latinos en el Estado de su fuerza como votantes. Pero ahora el rol de la organización se ha magnificado. Llevan desde abril organizando una vigilia diaria masiva enfrente del Capitolio de Phoenix, convertida en un centro comunitario para inmigrantes en apuros.

Aunque lo que más indigna a Falcón de la nueva ley es que “van a parar a la gente en las calles porque tiene piel color café”, y muchos como Felipa saben que el racismo ya existe con ley o sin ella en un Estado con un 30% de hispanos y medio millón de indocumentados. Ambas dicen que al menos ahora con la denuncia del Departamento de Justicia sienten que queda un poco de esperanza. “Es nuestra única fe, lo único que nos mantiene al pie del cañón”, declara Felipa, de 36 años. Ella recuerda cómo el 6 de mayo, a las 8.15h, recibió una llamada de su esposo diciendo que la fábrica donde trabajaba estaba rodeada de sheriffs. Una redada le llevó junto a otros treinta y pico hombres a una cárcel del condado, donde estuvo casi dos meses. Tras ser deportado a México, volvió a su natal Michoacán, que no había visto en ocho años. “Al principio él me decía que quería que volviese con los niños para empezar una vida allí de nuevo”, dice Felipa. Tres semanas después, él afirma haber visto un nivel de desempleo y delincuencia en el que no puede imaginar a su familia. No saben aún qué harán. Quizá él, como muchos otros con no más que unos cuantos rezos en el bolsillo, vuelva a arriesgar su vida cruzando la frontera.