El fallo positivo a favor de la Ley Arizona no será motivo de peso para que las reacciones en otros Estados norteamericanos sean en términos de inhibir iniciativas semejantes al Estado sureño. Así es, Arizona no será el único estado en experimentar prácticas íntimamente vinculadas con sentimientos racistas, simpatizantes del Ku Klux Klan y otras actitudes no menos aberrantes y delirantes, como la seudo filosofía de la supremacía blanca. La reacción en cadena apenas comienza a destejerse, La denominominada Ley SB 1070 que criminaliza a todo indocumentado que radica ilegalmente en Estados Unidos (EU), no es un sentimiento aislado, es un sentimiento compartido por un gran número de condados de toda la Unión Americana. Pero no sólo por ellos, la Casa Blanca que alberga al presidente Obama, es en realidad la fuente y origen de toda iniciativa o decisión de corte anti inmigrante. El autor intelectual de estas iniciativas es el mismísimo titular del capitolio, la gobernadora de Arizona sólo es el chivo expiatorio y los ilegales, mexicanos en su vasta mayoría, seguirán cambiando de domicilio a estados donde las manifestaciones de intolerancia no sean similares a las fobias asumidas por los sureños norteamericanos.
Maricopa en Phoenix EU, es uno de los embriones del fundamentalismo racista, pero Arizona, Texas, California y otros estados fronterizos representan la consumación de ideologías subterráneas sobre la supremacía racial, aunque dispongan de un elevado porcentaje de población latina. Con toda seguridad, una de las razones, referencias y argumentos para que Arizona emprendiera su Ley Antiinmigrante es la pomposa Reforma Migratoria anunciada durante la campaña y refrendada por el equipo de tecnócratas de ex suspirante Obama. Pero otra razón de mayor peso es que el gobierno del estado de Arizona gasta 600 millones de dólares en educar a indocumentados hasta el 12mo grado. Con seguridad, los norteamericanos se han hecho la pregunta obligada, ¿En qué les beneficia a ellos todo esto? Para observar casos fehacientes sobre la Violación Internacional de los Derechos Humanos de forma sistemática, no es necesario ir tan lejos para saber de los crímenes de guerra en Irak o en Afganistán, una visita en la línea fronteriza de México con Estados Unidos sería evidencia contundente para saber de crímenes no de guerra, sino por cuestiones racistas, del color de piel. Los elementos de la Border Patrol o patrulla fronteriza son los autores materiales de decenas de crímenes transfronterizos cometidos a diario en contra de miles de familias mexicanas. La brutalidad que distingue a la patrulla fronteriza es de academia, están entrenados para cazar a inmigrantes, sin importar su nacionalidad.
Al criminalizar a los indocumentados también lo hacen con su trabajo. Investigar el estatus migratorio de cualquier indocumentado es violatorio de los Derechos Humanos más elementales. Para un porcentaje de la población norteamericana difícil de determinar, es importante que la sociedad en general no pase por alto que los inmigrantes generan costos irrecuperables a los contribuyentes norteamericanos. Viéndolo desde esta perspectiva, el gobierno de Obama no se equivoca al tomar decisiones de esta envergadura, el detalle es que para ser congruente debe abandonar el doble lenguaje.
El encono generado contra la población inmigrante en EU no es nuevo. Las muchas estrategias para frenar el flujo de indocumentados ha ido de las redadas hasta sacrificios simbólicos de sectas religiosas de la frontera de EU con México, todos ellos seguidores, descendientes (del KKK) o simples aficionados cual mercenarios se ponen a las órdenes de empresas dedicadas a cazar a indocumentados, mexicanos sobre todo. Para todos estos connacionales, existe un sobrenombre (¿de qué otra forma se le puede llamar?), éste desde la primera vista refleja el desprecio con todo lo que se parezca a México, el sobrenombre es el de “forastero”.
Pero las estadísticas (según información publicada en este diario el día jueves 29 de julio de los corrientes), indican que el odio contra ilegales indocumentados se da por más razones de las que el ciudadano común y corriente pueda imaginarse. Entre estas razones se encuentran algunas de tipo económico, tal es el caso de los 120 millones de dólares que gasta Arizona en mantener en prisión a criminales sin documentos o los 50 millones de dólares que el gobierno del estado sureño gasta en tratamientos médicos de extranjeros sin papeles. Algunas razones son de tipo laboral, pues al verse desplazados los ciudadanos norteamericanos por los latinos indocumentados en las fuentes de empleo (mano de obra barata y horarios extremos), los residentes intentan boicotear o desemplear a 30 mil personas en sus actuales fuentes de trabajo.
Las consecuencias de la Ley Arizona son multilaterales, de índole laboral, económica, social, demográfica. Por ejemplo, Arizona se verá afectada en 40% de sus actividades comerciales, si analizamos un poco esta información nos daremos cuenta de la plena congruencia que esta situación guarda con los arrestos de indocumentados cuyo porcentaje oscila entre el 40 y 50 por ciento del total de las detenciones. Para visualizar mejor el panorama, es importante tomar cuenta que en 18 entidades de los EU están analizando las posibilidades de emprender leyes como la SB 1070. La reacción en cadena de la Ley Arizona es el reflejo de la política migratoria que ha emprendido Barack Obama desde el púlpito de la Casa Blanca.
Los compromisos de Obama contraídos en campaña con la población latina, sólo sirvieron para ser convincente, a pesar de que fueron 53 mil millones de dólares los que gastaron los emigrantes mexicanos pagando impuestos al gobierno de EU durante 2008, y por muchas décadas ha sido así. Ahora, con Obama, esos compromisos se pulverizaron por la misma dinámica y el estatus de improvisación que guarda su gobierno, pesan más los intereses de terratenientes y latifundistas, de grupos ultra y conservadores e incluso de fundamentalistas sectarios que insisten en reivindicar manifestaciones que coquetean con la supremacía racial.
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