Mexico y la mariguana californiana

 Jaime Aviles
En el México de Felipe Calderón –donde la Suprema Corte es una casa de citas, pues sus ministros se pasan citando a los clásicos y sirviendo a la olinarquía– la reforma del Poder Judicial es imposible y el verdadero combate a los intereses económicos de los exportadores de drogas impensable. La parálisis económica que todo lo frustra se debe a la ineptitud extrema del gobierno –¿alguna vez hubo secretarios más torpes, inútiles y nefastos que Molinar Horcasitas, Lozano y Lujambio?–, pero también a las políticas impuestas por el FMI, que obliga al Banco de México a mantener ociosas nuestras reservas internacionales, para garantizar la estabilidad del peso ante el dólar, en lugar de invertirlas en actividades productivas.

Quienes acatan esta línea dictada desde Washington lo hacen a sabiendas de que el dinero del narcotráfico sostiene a grandes capas de población y contribuye al enriquecimiento exponencial de legisladores, gobernantes, jueces, policías y militares, en todos los escalones de la administración pública, de la base hasta la cima. Por eso tiemblan de espanto en vísperas de las elecciones estadunidenses del próximo 2 de noviembre, cuando al margen de la votación nacional para renovar el Congreso, los habitantes de California decidirán si despenalizan el uso de la mariguana como sustancia recreativa.

Si triunfan los partidarios de la legalización, ¿cómo repercutirá esto en la economía de miles y miles de familias campesinas de los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa que hace décadas sobreviven gracias a la siembra de mariguana destinada a los consumidores de California? A partir de 1983, el gobierno federal dejó de apoyarlos para que sembraran maíz, frijol, tomate, hortalizas y fruta. En 1994, el TLC prohibió que fueran subsidiados y Salinas abrió las fronteras a los productos agrícolas del mundo entero, provocando que una piña tailandesa costara en el súper lo mismo que un ejidatario de Oaxaca pagaba sólo por extraer la suya del suelo.

Salinas de Gortari y sus cómplices despoblaron el campo y, a quienes no pudieron emigrar, los obligaron a convertirse en productores de mariguana. ¿Qué harán millones de hombres, mujeres y niños que dependen de este cultivo, si California lo legaliza y caen los precios de exportación? Los narcos, que de por sí les pagan una miseria por sus cosechas, ¿les darán la espalda?

México necesita un gobierno que ayude a los campesinos a producir alimentos, que ponga a trabajar las reservas internacionales en beneficio de la educación, el empleo y la salud; que renueve el Poder Judicial por arriba y por abajo; que devuelva la paz a las ciudades y sustituya la narcoeconomía de Calderón por la reactivación del mercado interno.

Priístas, panistas, perredistas, chuchistas y camachistas lo saben: el único estadista capaz de emprender la reconstrucción del país en pos de estas metas se llama Andrés Manuel López Obrador, pero todos están aliados para impedir que llegue al poder dentro de dos años. De allí que día a día cobre mayor sentido la otra alianza, la de los ciudadanos que propone el Peje, para ganar el gobierno del estado de México en 2011 y de allí avanzar en línea recta a la Presidencia de la República… si Calderón y los cárteles permiten que haya elecciones en 2012.