Por Emilio Godoy
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La biodiversidad y la pequeña y mediana agricultura están amenazadas en México por la cercana aprobación de una norma de variedades vegetales que extenderá los derechos de patente sobre las semillas, alertan activistas y expertos.
La Cámara de Diputados tiene ya en sus manos la reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales, vigente desde 1996, que ya aprobó el Senado en noviembre.
“Están tratando de privatizar más este sector tan importante, parte de una embestida promovida por las transnacionales, dándole más derechos a los obtentores (de la variedad), que en su mayor parte son estas grandes empresas”, dijo a IPS la directora general de la no gubernamental Semillas de Vida, Adela San Vicente.
Los cambios legales, defendidos por el gobierno, plantean abarcar todo el material vegetal, incluido el derivado de la cosecha, e introducen la figura de la “variedad esencialmente derivada”, rótulo protector de los organismos genéticamente modificados (OGM). Además, se aumenta el plazo de protección al obtentor de una variedad de 15 a 25 años.
La reforma entraña el riesgo, entre otros, de que los campesinos que reciben semillas híbridas y las vuelven a cruzar en los sembradíos puedan ser perseguidos legalmente, pues carecerían de autorización para usar esos insumos.
“Están preparando el camino para que, si los maíces nativos se contaminan con cultivos transgénicos, por ejemplo, la industria podría cobrar derechos, porque los granos criollos contienen sus genes”, denunció a IPS el investigador Alejandro Espinosa, del Programa de Maíz del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap). ”Sería el último clavo del ataúd del campo mexicano”, lamentó el científico, que ha desarrollado más de 30 especies híbridas en el Inifap y más de 12 en la pública Universidad Nacional Autónoma de México, utilizadas por pequeñas empresas y que se distribuyen a nivel local.
Con la proyectada reforma legal, México no necesitaría adherirse a la revisión de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, creado en 1961 y cuyo órgano ejecutor es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). México se integró en 1978 a la UPOV, que según sus estatutos busca proteger los derechos del obtentor de cada nueva variedad vegetal que satisfaga los criterios de estabilidad y homogeneidad pautados en el acuerdo intergubernamental. También estipula una doble protección para el obtentor de la variedad y el propietario de la patente vegetal original.
La UPOV, con sede en Ginebra, tiene como misión “proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales con miras al desarrollo de obtenciones vegetales en beneficio de la sociedad”, según su sitio digital.
La última revisión del Convenio, que se efectuó en 1991 y entró en vigor en 1998, ampara los derechos de propiedad de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea y establece la novedad fundamental de permitir la consideración de los derechos de nuevos caracteres genéticos, en abierta concesión a los OGM.
En México se generan más de 250.000 toneladas de simientes, según el gubernamental Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), el organismo supervisor de unas 55.000 hectáreas para producción de simientes de una veintena de cultivos.
Un colectivo de investigadores y organizaciones no gubernamentales ya pidieron a los legisladores que detengan la reforma y que la sometan a un debate abierto con todos los sectores involucrados, incluidos los pequeños y medianos productores agrícolas, los principales afectados.
“La semilla criolla (nativa) es el único insumo que usan los campesinos, a quienes se les deja sin ningún derecho. Y con los problemas del cambio climático, la pierden o la reutilizan. La semilla ha sido un bien común de la humanidad. Incluso, si investigadores usan esas semillas también pueden actuar contra ellos”, subrayó San Vicente. En México, la segunda economía latinoamericana y con 112 millones de habitantes, hay aproximadamente cinco millones de familias que se desempeñan en la actividad campesina, según datos oficiales.
Con la proyectada reforma, El SNICS tendría la potestad de imponer multas e incluso impedir el uso de las tierras por infracciones a los derechos de patente y obtención de variedades.
El organismo ya ha registrado a más de 150 obtentores de una veintena de países sobre más de 100 especies. De ese total, 43 por ciento es de índole agrícola, 26 por ciento ornamental y el resto se reparte entre frutales, hortalizas y forestales. Los países latinoamericanos han registrado ante la UPOV menos de 1.000 solicitudes de derechos de obtención.
Mientras, la coalición no gubernamental No a las Patentes sobre Semillas (No Patents on Seeds) aprecia que desde 1996 han disminuido “las semillas informales”, las obtenidas por métodos convencionales de siembra y recolección, y han crecido las comercializadas, conseguidas industrialmente.
“Las variedades mejoradas y nativas necesitan que haya cientos y cientos de variedades para asegurar la sustentabilidad. Los avances en su rendimiento son amigables con el ambiente, porque son genes de la misma especie”, explicó el investigador Espinosa. ”El mejoramiento se hace con las mejores plantas de acuerdo al ambiente. Es lo que los productores han hecho durante décadas”, abundó.
Pero México está cada vez más inerme en proteger este sistema. La Productora Estatal de Semillas está en proceso de liquidación desde comienzos de la década pasada y ello ha dejado al sector en manos de empresas privadas mexicanas y extranjeras.
Además, las leyes de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de 2005, y de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, de 2007, le han dado cada vez más espacio de acción a la industria.
En el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, actualizado por el SNICS en diciembre, aparecen 1.827 especies, de las cuales la mayoría son de maíz, frijol, sorgo, trigo y papa. Institutos de investigación públicos y grandes conglomerados alimentarios transnacionales, como las estadounidenses Monsanto y Pioneer inscribieron sus variedades en ese catálogo. El registro en este listado es el primer requisito para la inscripción en un programa de producción de semillas.
En el país hay al menos 180 ejemplares de uso común, como el nopal (opuntia), el güisquil (chayote o chayota), el aguacate y el tomate.
El SNICS defiende el mercado de los genes con el argumento de que se protege el patrimonio genético, se facilita el acceso al material, condicionado a una distribución justa de beneficios económicos; se cumplen regímenes especiales para especies endémicas, se previene el saqueo de los recursos y la biopiratería y se fortalece la capacidad institucional.
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