Astillero

Por Julio Hernandez Lopez / Astillero / La Jornada

El jefe Slim se compra en Nueva York una residencia de 44 millones de dólares mientras millones de mexicanos, que en su gran mayoría han dejado su país a causa de la desigualdad y la injusticia (que propician la insoportable gravedad de la concentración criminal de la riqueza en muy pocas decenas de manos), se alegran por la suspensión temporal que una juez ha impuesto respecto a las partes más controversiales de una reforma legislativa arizonense que amenazaba con arrebatarles sus mínimas condiciones de supervivencia.

Slim, como unos pocos cuantos (es decir: Slim es un apellido emblemático, pero el lector sabe los otros más), convierte segundo a segundo en magna prosperidad individual la miseria colectiva, los servicios ahorrativamente ineficaces, la incapacidad gubernamental para prevenir y castigar abusos y el andamiaje de complicidades que mezcla lo político con lo empresarial para repartir ganancias que, así, provienen del bolsillo de usuarios y clientes. Las privatizaciones practicadas ventajosamente por el salinismo significaron el saqueo de la riqueza nacional acumulada para ponerla en manos de prestanombres, socios o aliados que incrementaron las fortunas existentes o las multiplicaron escandalosamente, siempre con una discreta chequera fiel a las indicaciones de los políticos benefactores y sus estrategias de conservación del poder o de entendimiento con los nuevos ocupantes partidistas de la silla del poder que finalmente acaba sirviendo a lo mismo y a los mismos, así cambien los juegos cromáticos de tres tintes patrios al blanco y azul igualmente depredador.

Millones de mexicanos han dejado su patria a causa de ese sistema salvajemente injusto, que no da oportunidades dignas de sobrevivencia ni desarrollo. No sólo en los niveles tradicionales del campesinado sin tierra ni empleo que ha sido pionero en ese éxodo económico; también las clases medias a causa de la caída de niveles salariales o del abierto desempleo, y muchos jóvenes que encuentran en su país las claves del crecimiento profesional secuestradas por la elite de júniores y por el aberrante conjunto de trabas que significan el influyentismo, la mediocridad y la falta de perspectivas atrayentes.

En la injusticia de su sistema político y económico están las causas de que muchos mexicanos deban cruzar a hurtadillas la frontera norte y llevar vidas silenciosas, cívica y políticamente inexistentes; económicamente estancados, laboralmente explotados. Millones sufriendo y unos cuantos disfrutando. Ésa es la ecuación del México actual, el de casa y el de más allá de la línea divisoria norteña. Y, para sostener esa realidad injusta se imponen gobiernos sin fuerza, que acaban sirviendo a esos grupos empresariales y a esos caudillos económicos (unas administraciones benefician más a unos que a otros, como en el caso del narcotráfico en que sexenalmente hay cárteles protegidos y otros perseguidos). Y para ello se envenenan las aguas de la política, se instala la tesis de que todos los políticos son ladrones e inservibles, se desgasta el sistema de representación política tradicional, de por sí poco útil para los intereses populares, y se difama, arrincona, persigue y, de ser posible, se extermina a los opositores que representen aunque sea una pequeña posibilidad de cambio.

En ese contexto es muy importante el ejemplo de lucha organizada y protesta sonora que han dado en Estados Unidos los hispanos en general y, dentro de ese segmento latinoamericano, de manera destacada los mexicanos. Hasta ahora, esos mexicanos en el exilio por razones económicas tienen presencia demográfica pero no fuerza ni representación política en el país al que contribuyen a enriquecer y engrandecer. Las reformas legales aprobadas en el estado de Arizona abrieron esta vez la posibilidad de que la fuerza hispana se comenzara a manifestar, y la entrada en vigor de esas nuevas normas racistas iba a confrontarse con amplios segmentos de latinoamericanos con estancia legal y sin ella que iban a practicar resistencia civil pacífica y a desplegar un abanico de retos a la autoridad para que hiciera cumplir con drasticidad las anunciadas nuevas reglas persecutorias.

No es difícil advertir que de ese choque podrían surgir las chispas que esparcidas por gran parte del territorio estadunidense abrirían camino a tomas de conciencia, formas de organización y acaso una lucha prolongada y riesgosa que finalmente diera a los hispanos, y en particular a los mexicanos, reformas migratorias benignas y, a partir de allí, una presencia y una fuerza que en órganos de poder correspondieran con el evidente peso numérico de esa comunidad hasta hoy condenada a la minusvaloración. La suspensión temporal de las partes más agresivas de las impugnadas reglas de Arizona bajará el tono de los preparativos de guerra policial y cívica, pero no significa la cancelación de los ánimos punitivos y tampoco debería llevar a que el despertar de los hispanos quedara en suspiro (el sheriff Arpaio anuncia que mantendrá redadas contra sospechosos de ser indocumentados, y las organizaciones sociales, por su parte, desahogarán sus programas de protesta ya anunciados). El gobierno de Obama tratará de quedar electoralmente bien con los conservadores racistas y también con la nueva fuerza, aún sin peso en las urnas, pero sí social, de los latinoamericanos allegados por razones laborales. De la administración mexicana no deben esperar sino acomodos oportunistas para tratar de beneficiarse de una decisión judicial que en nada contempló al calderonismo. Ellos, allá, como los mexicanos de acá, solamente tienen el camino de la movilización y la presión, para lograr cambios en las reglas hasta ahora diseñadas para beneficio de las minorías poderosas.