Ángeles Diez La pupila insomne
Hay muchos y distintos tipos de miedos que atraviesan el ámbito de la política. El miedo a un proceso constituyente es parecido al miedo que históricamente ha aterrorizado a las oligarquías cuando avizoran una posibilidad revolucionaria por pequeña que esta sea. A veces, es un miedo irracional pues hay pueblos sumisos y doblados por el talón de hierro capitalista que no guardan rescoldo alguno de rebelión. Pero eso no importa ni al orondo y clásico burgués, ni al joven tiburón especulador. Si hay una remota posibilidad de que ese pueblo despierte ahí estarán, la amenaza terrorista, las leyes mordaza, el caos tercermundista y la crisis económica que todo lo explica. El miedo de las élites europeas a los procesos constituyentes tiene mucho de terapia preventiva, es un “por si acaso mejor prevenir que curar”.
El miedo del imperialismo estadounidense es otro tipo de miedo. Es el histórico miedo del esclavista a que los esclavos dejen de cultivar la tierra y se liberen, es el miedo del colono a un ataque de los indios sobrevivientes. Es el miedo a que los asesinados, los desaparecidos, los torturados y los saqueados latinoamericanos reclamen justicia. A que el retrato del imperialista salga a la luz y se vea nítidamente y sin máscara su democracia realmente existente. Donal Trump y antes Barak Obama temen que América Latina deje de ser un patio trasero donde hacer ricos negocios que oxigenen la economía estadounidense.
El miedo español es un miedo neofranquista y tiene su origen en una Constitución sin Asamblea Constituyente. La historia de nuestra Constitución es la historia de un apaño, de una componenda entre las élites franquistas y las nuevas élites socialistas y nacionalistas, ambas conectadas por finos hilos geoestratégicos a los intereses estadounidenses.
No hubo pueblo español, ni vasco, ni catalán, ni siquiera franquista que participara en la elaboración de la Constitución española de 1978. Las elecciones del 15 de abril de 1977 no fueron para elegir a una cámara constituyente que elaborara ninguna constitución. Fue la Ley de Reforma Política (15 diciembre de 1976), aprobada por las Cortes Franquistas la que sentaba las bases para elegir a unos parlamentarios que a su vez designaran una Comisión de Asuntos Constitucionales compuesta por sólo 7 miembros repartidos entre comisionados de probado curriculum franquista como el ministro de Información y turismo Manuel Fraga Iribarne o Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, letrado del Consejo de Estado y Secretario General técnico del ministerio de Justicia; y comisionados vinculados al emergente y ambicioso PSOE como el abogado Gregorio Peces-Barba o Jordi Solé Turá. Después, sólo después de que la lápida del consenso enterrara la esperanza de recuperar la democracia republicana se hizo un referéndum legitimador.
Para la reforma constitucional del 2011 tampoco hubo necesidad de preguntar al pueblo, y eso que el artículo a reformar, el 135, era nada menos que aquel que obliga a cualquier gobierno, sea del signo que sea, a priorizar el pago de la deuda antes que cualquier otro gasto del Estado, primero la bolsa y luego la vida. Quince días para maniatar al próximo gobierno y ni siquiera un referéndum de ratificación ¿Por qué había de opinar el pueblo si ya opinan sus representantes? ¿Por qué preguntar si las respuestas venían dadas desde la troika europea?
Articulo completo http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229718
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