20/05/10 a 8:39am por Rafael Prieto Zartha
Hace apenas unos días el detective del Departamento de Policía de Seattle,
Shandy Cobane, se presentó en una conferencia de prensa en la que ofreció
disculpas y lloró amargamente por el maltrato que le infligió a un
hispano al que además agravió con vulgaridades.
Cobane añadió a la escena atroz una frase en la no sólo dijo que le
iba sacar la orina a golpes, sino que denigró de la nacionalidad que presumió
era la del individuo, agregando una grosería infame.
El periódico La Raza del Noroeste escribió un editorial contundente al
respecto. He aquí un aparte: “Cuando usted va a insultar a una persona, lo
primero que viene a su mente, es aquello que desprecia de esa persona, aquello
que hace que no sienta respeto o consideración por el insultado. La palabra
“mexicano”, fue lo primero que salió de la mente del detective Shandy Cobane
para insultar al sospechoso. Eso es
racismo”.
Yo agregaría a la interpretación del semanario del estado de Washington que
la situación de vulnerabilidad de las víctimas contribuye a que se cometan
las arbitrariedades.
Entre los más inermes de la sociedad están los indocumentados dado que su
estatus hace que se piense que no tienen derechos.
En esta ocasión el afectado, según el Centro de la Raza de Seattle, es
residente y para su suerte los hechos quedaron irreversiblemente grabados.
La reflexión para hacer es ¿cuántas situaciones similares se presentaran en
el país y con qué frecuencia?
No quiero ni imaginarme el nivel de desamparo que aquejará a los
inmigrantes o a quienes parezcan indocumentados si la ley SB 1070 de Arizona
hace metástasis en otros estados.
Si los hechos demuestran que ahora ni siquiera se logra hacer justicia para
las víctimas evidentes de odio racial ¿cómo será en el futuro?
Recientemente se dio el veredicto sobre el asesinato del ecuatoriano
indocumentado José Osvaldo Sucuzhañay, en el que se exoneró de haber cometido
odio racial a uno de los implicados y el juicio contra el principal acusado fue
anulado.
Rommel Sucuzhañay, también víctima y testigo de los hechos contó en corte
como su hermano fue blanco de insultos racistas, como le rompieron una botella
de vidrio en la cabeza y como fue golpeado en forma inclemente con un bate de
béisbol de aluminio antes de su deceso.
En otro incidente con resultados fatales, el occiso, un hispano nacido en
Estados Unidos, igualmente fue objeto de improperios y epítetos raciales.
A principios de mes, Juan Varela, falleció de un disparo después de recibir
el mote de “mojado” de parte de su presunto agresor, quien lo “invitó” a
regresar a México con oprobios.
El nivel de intolerancia ha llegado al punto que hispanos indocumentados,
residentes y ciudadanos se encuentran a merced de los atropellos, de perder la
vida y de que la justicia, aún la póstuma, les sea esquiva.
Para lograr que la situación cambie se tiene que reconocer que lo que está
ocurriendo es un asunto de derechos civiles y que los valores elementales de
los seres humanos deben respetarse.
En todo el país se están alzando voces para realizar actos pacíficos de
desobediencia civil en contra de la ley de Arizona y contra la inacción del
gobierno federal respecto a la reforma migratoria.
Si el presidente, los senadores, los representantes a la Cámara no pueden
hacer nada, es claro que la única con capacidad de actuar es la comunidad
afectada.
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