El Gobierno mexicano forma parte de los cárteles

 Quien la ve entre ruidosos estudiantes comiéndose un sándwich con patatas fritas quizás no se dé cuenta de quien es. La periodista Anabel Hernández  es una de las muchas mujeres y hombres mexicanos cuya vida está en serio riesgo. Por ello, los guardaespaldas no pierden de vista ni un solo sorbo que da a su bebida mientras habla animadamente con algunas colegas de profesión.
El asunto –las profundas relaciones entre el Estado y el narcotráfico en México– es siempre el mismo y no ha cambiado desde el libro que le quitó la tranquilidad y transformó su vida en algo “miserable”. “A mí no me gusta especialmente el tema”, confiesa. “Sin embargo, hoy en día no hay ninguna rama del periodismo acá en México, sea deportes, política o economía, que no pase por el narco”.
Anabel participaba en ese momento en una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde se debatió las deficiencias del sistema penal en el país. “Tenemos que tener en mente, no olvidar jamás, que quien condena a inocentes, protege a culpables”, pidió a los presentes. Y explicó que eso también tiene que ver con los cárteles de la droga.
Fue investigando el enriquecimiento ilícito del expresidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) para el libro La familia presidencial como Anabel Hernández llegó al asunto que, más tarde, tras un intenso trabajo de investigación, le posibilitaría sacar a la luz Los señores del narco, que ha vendido cerca de 100.000 ejemplares y que va ser traducido en breve al inglés.
Entre la publicación de uno y otro pasaron cinco años, durante los cuales Anabel también colaboró con el sitio web Reporte Indigo, siempre informando sobre corrupción y las ramificaciones del narcotráfico en la administración pública. Las amenazas eran constantes, pero se intensificaron poco tiempo después de que Los señores del narco llegara a las librerías.
Entonces, Anabel se enteró de que sectores de la Policía Federal la querían muerta y empezaban a planear su asesinato. Según dice, agentes de su total confianza escucharon –con sus propios oídos– el plan y decidieron contárselo. La estrategia era matar a la periodista como si fuera un crimen común, montándose una farsa. “Algo que pasa todos los días en México”, comenta Anabel.
Por suerte, hubo tiempo para denunciarlo en la prensa y pedir protección a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como garantía, le ofrecieron dos guardaespaldas, que actualmente la siguen donde esté, como sombras gemelas de bigotes y armas en la cintura. La escolta le ofrece alguna tranquilidad, pero es sorprendentemente pequeña si se compara con la protección de la que goza, por ejemplo, Roberto Saviano, el periodista italiano que escribió Gomorra para denunciar los nombres y apellidos de la mafia italiana. Él cuenta con 20 agentes de seguridad para protegerle contra la acción de sicarios.
Las amenazas constantes, empero, no le quitan el ánimo a Anabel –o sí, a veces, pero no lo suficiente para que abandone sus investigaciones o huya del país–. “El que una periodista tenga que andar con escoltas es una vergüenza para cualquier nación. Temo constantemente por mi integridad física y la de mi familia, pero el temor sólo me impulsa y me hace entender que estoy en la línea correcta”.
Anabel cuenta que ha tenido la oportunidad de dejar México cuando asociaciones de periodistas en EE UU le ofrecieron asilo. Sin embargo, no lo aceptó. “Tengo un papel que cumplir aquí. Ha llegado el momento en el que los mexicanos no podemos ser cobardes”. En la presentación del libro ha viajado a los lugares “más calientes” del país para presentar y debatir su obra. “Iré adónde me inviten para hablar del tema”. Y el tema no es nada sencillo.
Anabel explica que las relaciones entre el narcotráfico y el Estado mexicano tienen raíces en los años ‘70. En aquel entonces, el Gobierno ya tenía acuerdos con los capos de la droga. La gran diferencia con la actualidad, señala, es que había total control de las instituciones estatales sobre los cárteles. “El Gobierno era una autoridad sobre los traficantes y les decía lo que podían y no podían hacer. El Estado tenía fuerzas para imponer las reglas”, recuerda.

Los años ’80

La asociación con cárteles colombianos
Sin embargo, el escenario empezó a cambiar en la siguiente década, con la introducción de la cocaína en el mercado de las drogas mexicanas. “Cuando se trataba solamente de la marihuana, los narcos no tenían tanto vuelo y monta”, valora Anabel. Se puede entender. La marihuana es más difícil de transportar: ocupa más espacio, pesa más y tiene que ser vendida en gran cantidad para que ofrezca ganancias suficientes.
En cambio, la cocaína es ligera y cara. Grandes cargamentos llegan a valer miles de millones de dólares. Para citar un ejemplo, Pablo Escobar, el mítico traficante colombiano, compró una inmensa hacienda tras conseguir meter su primer cargamento de cocaína en Estados Unidos. Para ello, utilizó una avioneta que, después, fue retirada de circulación para adornar la entrada de su nueva finca.
“Los colombianos de los cárteles de Cali y Medellín se asociaron a los narcos mexicanos para llevar cocaína al mercado estadounidense”, explica Anabel Hernández. Querían explorar a la inmensa y desértica frontera que existe entre México y Estados Unidos, una vez que las rutas utilizadas en el Mar Caribe ya eran conocidas. “Entonces los traficantes empiezan a tener un gran poder económico en México. La conexión con los colombianos les dio a los narcos una visión más amplia del tráfico, que empezó a ser encarado como un gran negocio”.
La CIA (Central Information Agency, el espionaje norteamericano) también jugó un papel importante en el fortalecimiento de los capos mexicanos en los años ‘80. Para incrementar el apoyo que prestaban a las contras –grupos que luchaban en las selvas nicaragüenses para derrumbar al Gobierno sandinista–, la inteligencia norteamericana hizo un pacto con los narcos colombianos y mexicanos: “Harían la vista gorda al transporte de drogas hacia EE UU si los señores del tráfico ayudaban a financiar a la contrarrevolución en Nicaragua. Hay documentos desclasificados a los que tuve acceso que comprueban esta relación”.

Los años ’90

El dinero del narco lo corrope todo
Con cada vez más dinero, los narcos fueron poco a poco corrompiendo a las instituciones mexicanas, los gobiernos y fuerzas de seguridad, hasta el punto en que los políticos empezaron a financiar sus campañas con dinero de las drogas. Entonces los capos empezaron a transformarse en las mayores autoridades del país, hasta llegar al nivel actual. Y México llegó a ésto (40.000 muertes, corrupción generalizada, abuso policial, desapariciones forzadas, militarización del país e inseguridad en las calles) después de que el Partido Acción Nacional (PAN) arribó al poder.
No es que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que estuvo en la presidencia durante 70 años, no haya colaborado en ello. “Hasta el 1 de diciembre de 2000, todos los gobiernos mexicanos solapaban a los cárteles y les protegían: a todos, sin excepción. Cada uno tenía su territorio y operaba en él. Convivían pacíficamente, pues había mercado para todos”.

Desde el 2001

El Gobierno desata la guerra entre cárteles
El ascenso de Vicente Fox a la presidencia, tras la elecciones de 2000, cambió las reglas del juego. Sobre todo cuando se permitió que Joaquin “El Chapo” Guzmán, capo del cártel de Sinaloa, huyera de una cárcel de máxima seguridad. La fuga se produjo en enero de 2001, fecha en que, según Anabel, la relación entre el narco y el Gobierno empezó a cambiar radicalmente. “Desde el Gobierno, se decidió proteger a El Chapo y combatir con la fuerza del Estado a sus enemigos. El Estado invadió con el ejército territorios de cárteles rivales, les echó con el uso de la fuerza y luego dejó que los de Sinaloa ocuparan su lugar”.
Sin embargo, los demás cárteles no estaban muertos. Tenían capacidad de fuego y organización para hacer lo que están haciendo ahora: defender sangrientamente sus plazas. “Claro, no van a dejar sus negocios de la noche a la mañana”, explica Anabel. “Si Vicente Fox hubiera combatido a todos los cárteles por igual, no estaríamos asistiendo al baño de sangre que vemos hoy día. Hay expedientes oficiales que señalan que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) protegió a Sinaloa. Los documentos lo dicen”.
Anabel cuenta que tuvo acceso a una carta que Los Zetas, otro de los poderosos cárteles mexicanos, enviaron a algunos generales del ejército. Según explica la periodista, el texto viene a decir: “No vamos a dejar que nos quiten el territorio para dárselo a otros. Si el Gobierno quiere combatir al narco, ok. Tenemos conciencia de que estamos metidos en algo ilegal. Pero hay que combatir a todos, sin excepción”.
A pesar de tener cómo comprobar la relación entre el PAN y el cártel de Sinaloa, Anabel Hernández todavía no tiene evidencias suficientes para explicarla. ¿Por qué Vicente Fox habría privilegiado a El Chapo y no a cualquier capo? Todavía no se sabe a ciencia cierta. Pero la periodista está segura de que la política de Felipe Calderón y su guerra al narcotráfico, que empezó en 2008, sólo hicieron crecer los índices de violencia en México.
Para ello, sí, Anabel tiene una explicación: “La guerra no es contra el narco, sino entre narcos, porque el Gobierno es parte de los cárteles. Por ello, las fuerzas de seguridad del Estado han perdido las nociones de derechos civiles y humanos, y pueden abusar tranquilamente de su autoridad”.

Ataques a informadores

En México, la impunidad ha propiciado que las amenazas de muerte contra periodistas y defensores de Derechos Humanos sean una constante; en lo que va de año 14 mujeres periodistas han sido agredidas y ningún caso ha sido resuelto, según informa Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC). Por otra parte, según el informe 2010 sobre el estado de la libertad de expresión en México, del Centro de Periodismo y Ética pública (CEPET), en este país cada dos días una comunicadora o comunicador fue agredido. En ese año se registraron 139 víctimas de las cuales al menos 18 (13%) fueron mujeres. En su informe, el CEPET señala que si bien la violencia generalizada impacta en el trabajo periodístico, en 33 de los 139 casos registrados, fueron señalados ejército, policías municipales, estatales, federales, jefes policíacos y escoltas personales.