Arsinoe Orihuela
México y Venezuela atraviesan un período de intensa crisis política. Eso nadie lo puede objetar. Lo que sí es objeto de discusión es la génesis o causa de esa crisis. Y es allí donde el analista y el público deben concentrar la atención.
Con frecuencia se dice que el problema en México es de carácter extrainstitucional; es decir, que la causa de la crisis es el narcotráfico (entendido como un agente extraño a las instituciones). Esta consigna admite matices, y generalmente acaba reconociendo que se trata de un problema que entraña “complejidad”, no sin deslizar los argumentos hacia una neutralidad inocua. En el caso de Venezuela, y sólo con escasas excepciones, las opiniones (sólo eso, “opiniones” desprovistas del imperativo de la evidencia empírica) profesan a ultranza la univocidad: todas coinciden en resaltar la responsabilidad primordial de un “gobierno autoritario” que lacera al país, dirigido por el “dictador” Nicolás Maduro. Esta consigna no admite concesiones, e irreductiblemente acaba por alentar la primitiva idea de que el problema es de una sola variable, cuya única solución es el derrocamiento por la fuerza (para la “oposición” venezolana eso significa “democracia”).
Y como el léxico es absolutamente determinante en el campo de la lucha política, cabe hacer acá algunas apreciaciones, sostenidas en hechos susceptibles de comprobación.
México es una dictadura a su modo. Una “nueva dictadura”, advierte el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y no es la única ocasión que alguien lo dice públicamente. Los resultados de la guerra contra el narcotráfico permiten hacer esta conjetura; y más de una organización civil comulga con el testimonio de Sicilia. En enero de 2016, Estela de Carlotto, presidenta de la organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo, declaró, durante la presentación de un reporte de Amnistía Internacional, que “el narcotráfico es la dictadura de México”. Y agregó: “México nos duele, es el dolor de América Latina que aún tiene abierta la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente”.
La hipótesis de que el narcotráfico es la dictadura en México se sostiene en indicadores que reproducen el comportamiento de las dictaduras militares en Sudamérica. Por ejemplo: las desapariciones forzadas, la tortura atribuida a efectivos militares, el encarcelamiento de opositores políticos, la eliminación física de estudiantes-defensores de derechos humanos-periodistas, y la multiplicación de ejecuciones sumarias extrajudiciales. En suma, un conjunto de acciones que por definición perfilan y constituyen una dictadura. (Glosa marginal: en mayo del año en curso, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, presentó un informe que reporta que México es el segundo país más violento del mundo, sólo detrás de Siria).
De acuerdo con Amnistía Internacional, más de 30 mil personas han sido desaparecidas desde 2006 en México. Organizaciones civiles estiman que se trata por lo menos del doble (60 mil desapariciones). En relación con esta modalidad de crimen, se calcula que cerca de 78 por ciento involucra a agentes estatales, lo que configura desaparición forzada, y, por consiguiente, crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional destaca que “sólo se han dictado siete condenas a escala federal por desaparición forzada, todas ellas entre 2005 y 2010” ( La Jornada25-II-2015). Prácticamente un 100 por ciento de impunidad.
Sobre Venezuela, la prensa hegemónica nunca acude a ese indicador, acaso porque allí la estadística es incluso menor a la de algunos países desarrollados. Cabe destacar que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, en ese país se registraron más de 10 mil personas desaparecidas. Y desde el inicio de la Revolución Bolivariana hasta 2013, la organización Provea tan sólo recopiló 114 casos de desaparición ( El Universal 30-IV-2015), en las que, por cierto, no está probada la participación de agentes estatales en la comisión de esos delitos. Por añadidura, cabe recordar que, tras la promulgación de la Constitución Bolivariana en 1999, por iniciativa del comandante Hugo Chávez, “Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en calificar la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad” ( Correo del Orinoco 21-I-2017).
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